La Suprema Corte de Justicia estudia anular el proceso de juicio político contra el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, iniciado en enero de 2023 por diputados locales de Oposición.
La Segunda Sala de la Corte acordó ayer enviar al Pleno del máximo tribunal un proyecto que falla contra el artículo 203 de la Constitución de Nuevo León, que regula el juicio político, ya que permite al Congreso local ordenar la separación del cargo del funcionario acusado.
Lo anterior previo a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal, como jurado de sentencia, dictamine si efectivamente procede imponer la destitución del cargo con base en la acusación presentada por el Congreso.
La Sala había discutido en dos sesiones privadas el proyecto, pero al enviarlo al Pleno, la fecha en que será incluido en la lista para sesión dependerá de un comité integrado por la Presidenta Norma Piña y sus colegas Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.
De resultar inconstitucional el artículo 203, la Corte también anularía el acuerdo de 31 de enero de 2023, dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, que ordenó iniciar el proceso de juicio político contra García.
Esta acción derivó de la omisión del Gobernador de presentar un proyecto de presupuesto de Egresos para 2023, conducta en la cual García volvió a incurrir para el presupuesto de 2024.
La eventual sentencia de la Corte no impediría a los diputados iniciar nuevos juicios políticos, ni se pronunciaría sobre la procedencia de aplicar esta figura al Mandatario por su insistencia en reconducir el presupuesto de 2022 a los años siguientes.
De iniciarse dichos juicios, sin embargo, el Congreso no podría aplicar la porción del artículo 203 que le permite separar del cargo tan sólo con presentar la acusación ante el TSJ.
«Aún cuando quedan a salvo las atribuciones del Congreso local para iniciar procedimientos de juicio político con base en lo previsto en la Constitución local y en la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, en los procedimientos que, en su caso, se instauren éstos no será aplicable la porción normativa declarada inconstitucional», dice el proyecto, elaborado por el Ministro Aguilar.
Detalla que, en el juicio político a nivel federal, la Cámara de Diputados es el órgano de acusación, mientras que el Senado es el jurado que impone o no la sanción, tal y como sucede en el impeachment estadounidense.
En los estados que no tienen Senado, la función de jurado corresponde a los tribunales superiores de justicia, pero sólo estos pueden destituir al resolver el juicio, no los Congresos al acusar.
