Las fallas y la falta de suministro de agua comenzaron en 2015, pero se han intensificado en los últimos años.
Desde 2015, el acueducto de la presa El Realito ha sufrido 75 averías, de las cuales 70 ocurrieron antes de la crisis del agua. Según los registros del Interapas, estos desperfectos, que se han vuelto más frecuentes en los últimos cinco años, han dejado a más de 100 colonias y miles de familias sin agua durante días, e incluso semanas.
A pesar de la recurrencia de estos problemas y las molestias ocasionadas, el contrato con la empresa «Aquos», encargada de la operación y mantenimiento del acueducto, sigue vigente. La única sanción que se aplica a la empresa es que no se le paga por el servicio cuando ocurren fallas y se interrumpe el suministro.
Durante años, tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como la Comisión Estatal del Agua (CEA) han anunciado sanciones y procedimientos legales contra la empresa operadora por el incumplimiento de contrato, pero hasta ahora todo ha quedado en declaraciones sin acciones concretas.
La Conagua ha señalado que las fallas frecuentes del acueducto se deben a deficiencias en su construcción, que datan del sexenio de Vicente Fox y Marcelo de los Santos. En particular, se atribuye a la mala calidad de los materiales utilizados, los cuales no son adecuados para soportar el enorme volumen de agua que debe transportar el sistema.
La planta potabilizadora y el acueducto entraron en operación en 2016, aunque la segunda fase del proyecto se completó hasta finales de ese año. A partir de 2017, se registraron otros dos accidentes, y la situación siguió de manera similar en 2018 y 2019.
En 2020, durante la pandemia, el acueducto sufrió fracturas en cinco tramos. En 2021, se documentaron 15 accidentes más debido a la pérdida de resistencia del sistema, y en 2022, el número más alto de fallas se registró con 25 incidentes.
En 2023, antes del inicio de la crisis del agua, conocida como «día cero» el 26 de mayo, se reportaron 17 fallas, y en lo que va de 2024, el acueducto ya ha sufrido cinco fracturas adicionales.
El costo de operación del acueducto sigue siendo una carga financiera que deben asumir de manera solidaria los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, quienes aportan recursos para financiar la construcción de la cortina de la presa, sin que se resuelvan los problemas estructurales y operativos del sistema.
