El incremento en la tarifa del transporte público en San Luis Potosí durante la primera quincena de enero es un ajuste legalmente establecido, por lo que los permisionarios se mantienen a la espera del dato oficial de inflación que definirá el costo final del pasaje para el resto de 2026.
Por disposición legal, el ajuste a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí se aplicará en los primeros días de enero, confirmó Margarito Terán, líder de los permisionarios del sector, quien señaló que el monto final dependerá del cierre inflacionario que reporte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El representante explicó que, hasta que no se publique el dato oficial de inflación anual, no es posible establecer la tarifa definitiva que estará vigente durante el resto del año. No obstante, estimó que el indicador podría ubicarse alrededor del 4 por ciento, aunque subrayó que se trata solo de una previsión.
Terán sostuvo que actualmente el servicio opera con una tarifa que busca ser acorde al bolsillo de los usuarios, pese a los costos operativos que enfrenta el sector, entre ellos el mantenimiento de unidades, combustible y la falta de personal.
En paralelo al tema tarifario, destacó que los permisionarios trabajan de manera coordinada con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado para avanzar en la renovación de al menos 100 unidades del transporte público, similares a las que operan en el sistema MetroRed.
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Aunque actualmente circulan alrededor de mil 200 unidades para cubrir la demanda en la zona conurbada, el líder del sector consideró que la renovación anunciada tendrá un impacto positivo en la calidad del servicio, aun cuando todavía no existe una fecha definida para la incorporación de los nuevos camiones.
Otro de los problemas estructurales que enfrenta el transporte público, señaló Terán, es la escasez de operadores. Indicó que existe un déficit cercano al 37 por ciento de choferes, una situación que no ha logrado revertirse desde el término de la pandemia por covid-19 en 2020.
Finalmente, reconoció que algunas rutas han tenido que desaparecer, principalmente en zonas con aforos muy bajos, donde la operación resulta incosteable. Afirmó que estas decisiones responden a criterios de viabilidad económica, aunque admitió que representan un reto adicional para garantizar un servicio eficiente y suficiente en toda la zona metropolitana.
