Comisiones del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobaron un dictamen de reformas que modificaría el método para calcular las mayorías calificadas en las votaciones legislativas.
El documento establece que, para determinar la mayoría calificada, se consideren las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión y no necesariamente del total de integrantes del Congreso. La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Luis Felipe Castro Barrón, y será turnada al pleno para su discusión.
El proyecto plantea homologar los criterios establecidos tanto en la Constitución del Estado como en la normativa interna del Congreso, donde actualmente existen distintas redacciones para definir la mayoría calificada.
En algunos casos se establece que debe alcanzarse con “dos terceras partes del total de los miembros del Congreso”, mientras que en otros se habla de “dos terceras partes de los diputados presentes”. Según el área de estudios legislativos, esta diferencia puede generar confusión o falta de certeza jurídica al momento de contabilizar los votos.
La reforma impactaría diversos artículos de la Constitución estatal relacionados con decisiones relevantes del Poder Legislativo, como designaciones en organismos públicos, declaraciones de procedencia y sanciones a servidores públicos, entre otras facultades del Congreso.
El dictamen establece que el artículo 121 permanecerá sin cambios. En este caso, para suspender o desaparecer ayuntamientos seguirá requiriéndose el voto de las dos terceras partes del total de los 27 diputados que integran el Congreso local.
Además, la propuesta incluye una modificación al Reglamento del Congreso para establecer que los dictámenes que obtengan mayoría de votos en contra se desechen y se archiven como asuntos totalmente concluidos, salvo que alguna disposición específica determine otro procedimiento.
Durante la discusión en comisiones, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, informó que su grupo parlamentario optó por una abstención estratégica con el objetivo de analizar con mayor detalle los alcances de la reforma antes de su votación en el pleno.
Por su parte, Castro Barrón sostuvo que el objetivo de la iniciativa es homologar criterios de votación dentro del marco jurídico del Congreso y rechazó que la propuesta busque favorecer a las mayorías legislativas o “aplanar” a la oposición.
