La problemática del estrés hídrico en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí no se limita a la falta de agua, sino que responde a fallas estructurales en su gestión, distribución y modelo de desarrollo, advirtió Jonathan Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal.
El especialista explicó que, además de la sobreexplotación de acuíferos, persiste un modelo urbano-industrial que incrementa la demanda de agua de forma acelerada, mientras continúan problemas como fugas en la red hidráulica y la presencia de contaminantes derivados de residuos industriales.
Señaló que la escasez tiene un origen multifactorial, donde destaca la falta de planeación y una gestión fragmentada entre los tres niveles de gobierno, cuyas estrategias no están alineadas. A ello se suma el acaparamiento del recurso, ya que entre el 70 y 80 por ciento de los pozos en el estado son privados, cifra que en el valle metropolitano alcanza hasta el 92 por ciento, dejando apenas un 8 por ciento bajo control público, principalmente del organismo operador.
Esta distribución, sostuvo, genera un acceso desigual al agua, donde mientras algunos sectores garantizan su suministro, otros dependen de tandeos o de pipas, muchas veces en condiciones irregulares y sin controles sanitarios adecuados.
Quintero García advirtió que el impacto del estrés hídrico no es uniforme y afecta con mayor severidad a ciertas zonas de la población. En ese contexto, planteó la necesidad de implementar acciones urgentes como la reducción de pérdidas en la red, la protección de áreas de recarga —como la Sierra de San Miguelito— y el establecimiento de mecanismos que aseguren una distribución más equitativa del recurso.
Otro de los puntos críticos es la contaminación del agua. Indicó que investigaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han detectado un aumento en la presencia de compuestos químicos e industriales, lo que agrava los riesgos para la salud y evidencia un deterioro progresivo en la calidad del agua disponible.
Finalmente, subrayó que cualquier solución al desabasto debe abordarse desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, incorporando no solo enfoques técnicos, sino también sociales, ambientales y económicos, con la participación coordinada de autoridades, sector privado y academia.
