Silvano Aureoles, ex Gobernador perredista de Michoacán (2015-2021), y sus ex colaboradores están acusados de causar un daño patrimonial al Estado mexicano por 3 mil 121 millones de pesos.
Ayer, cuatro de los ex funcionarios fueron acusados formalmente por la FGR ante un juez. Aureoles es considerado prófugo de la justicia.
Así fue dado a conocer durante la audiencia de imputación por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Según la Fiscalía, el ex Gobernador autorizó la compra con sobreprecios de siete cuarteles de la Guardia Civil para los Municipios de Huetamo; Apatzingán; Coalcomán; Jiquilpan; Lázaro Cárdenas; Uruapan y Zitácuaro.
La compra fue hecha a la empresa inmobiliaria DIP.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los acusados; mientras que la defensa pidió duplicidad del plazo para definir la situación jurídica.
Los funcionarios detenidos hasta ahora son Carlos Maldonado Mendoza, ex Secretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas, ex delegada administrativa.
En la audiencia, celebrada en la Sala Dos del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, la Jueza de control Patricia Sánchez Nava determinó imponer la prisión preventiva justificada al no acreditarse el arraigo domiciliario.
Bernal Bustamante y Delgado Murillo quedaron internados en el Reclusorio Oriente, mientras que Maldonado Mendoza y Villegas fueron traslados al Penal de Santa Martha. Maldonado fue derivado a esa instalación carcelaria como medida cautelar por presentar problemas de salud.
La audiencia continuará el próximo jueves para determinar si son vinculados a proceso.
La Fiscalía General de la República busca aprehender a Aureoles, luego que durante el pasado sábado se especuló con la detención del ex Mandatario estatal tras conocerse el arresto de los cuatro ex funcionarios del Gobierno de Michoacán.
Fuentes judiciales indicaron que la FGR había solicitado con anterioridad la orden de aprehensión por estos mismos hechos y un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez negó los mandamientos de captura, al estimar que carecía de elementos.
Incluso, indicaron que un Tribunal de Apelación de Toluca confirmó la negativa, pero no sobreseyó el caso, es decir, no ordenó cerrar la investigación definitivamente, y eso dejó abierto un resquicio para que la Fiscalía volviera a rehacer el expediente y lo judicializara.
Desde 2021, el Gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer la denuncia por los desvíos contra su antecesor.
