La SEP retomará nuevamente la aplicación de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes)… pero obligada por las órdenes de un juez federal.
En mayo de 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió la prueba por considerar que era un examen del «neoliberalismo». Previamente, en 2019, había desaparecido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
«No los tomamos en cuenta (resultados de PISA) porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo», cuestionó AMLO en 2023 y fue cancelada la participación de México en la prueba de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En 2022, México obtuvo el peor resultado en la prueba PISA en los últimos 16 años.
La evaluación se aplica cada tres años. México regularmente ha ocupado los últimos lugares de los países participantes en la prueba.
No hay referencias de otro país que haya «renunciado» a participar en PISA y después haya regresado a aplicarla.
En su momento, la decisión del anterior sexenio de abandonar la prueba provocó el reclamo de académicos, expertos y padres de familia.
El movimiento Educación con Rumbo llevó el caso a los tribunales y presentó un amparo.
La prueba PISA se aplica a estudiantes de 15 años en los rubros de lectura, ciencias y matemáticas, y ayuda a diseñar políticas públicas para ajustar los planes de Gobierno.
En agosto del año pasado, un juez le dio la razón al movimiento y ayer el Secretario de Educación, Mario Delgado, informó que la prueba PISA se va a retomar para garantizar la mejora continua en la educación.
«PISA se va a continuar», aseguró Delgado en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
«Desde el Gobierno anterior al final se tomó la decisión de que se continúe. Entonces, vamos a formar parte de la evaluación», afirmó, sin mencionar la sentencia de amparo que obligó a retomar la evaluación.
Educación con Rumbo reconoció ayer la decisión de la SEP de llevar a cabo esta prueba en cumplimiento al amparo promovido por esta organización.
Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, exhortó a constituir el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, previsto en la Ley General de Educación.
El consejo contempla la participación de padres de familia en el diseño de políticas públicas para el Plan Sectorial en materia de educación en el sexenio 2024-2030.
«Esperábamos que hubiera esta definición pública y celebramos que se empiece a respetar las órdenes de un juez. Hoy vemos con muy buenos ojos que el Secretario de Educación empiece a responsabilizarse de generar una estrategia real para la educación del País», dijo.
