Ricos Tacos Naomi pasó en pocos años de ser un pequeño negocio a convertirse en una cadena de seis puestos de tacos callejeros en el sur de California. Sin embargo, detrás de su crecimiento ahora existe una investigación por el asesinato de una de sus empleadas, un crimen por el que la propietaria del negocio y dos trabajadores fueron acusados.
El caso comenzó el 9 de septiembre de 2025, cuando detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) encontraron el cadáver calcinado de Soledad López Olivera, una migrante oaxaqueña de 47 años, dentro de la cajuela de su propio Honda Civic en un depósito de grúas del sur de Los Ángeles.
La autopsia determinó que López Olivera murió por asfixia y clasificó el caso como homicidio. De acuerdo con el informe forense, el vehículo fue incendiado desde dos puntos distintos dos días antes de que las autoridades localizaran el cuerpo, que estaba completamente carbonizado y presentaba signos de descomposición.
López Olivera trabajaba para Ricos Tacos Naomi. Conforme avanzaron las investigaciones, las sospechas se centraron en la propietaria del negocio, Mariana Yeli Yépez Cigarroa, y en dos empleados, Sandra Romo Díaz y Óscar Oswaldo Funes Villafranca.
La Fiscalía sostiene que los tres planearon el asesinato y describió el crimen como un acto ejecutado con “planificación, sofisticación y profesionalismo”.
Según la investigación, el posible móvil habría sido una disputa por dinero. Meses antes del homicidio, la víctima, su patrona y otro empleado sufrieron un accidente automovilístico que posteriormente derivó en un conflicto por el reparto de una indemnización pagada por una aseguradora.
Las autoridades alegan que López Olivera fue asesinada para evitar que recibiera la parte de la indemnización que le correspondía. Hasta el momento no se ha revelado públicamente el monto en disputa.
Entre las principales pruebas se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad de una bodega propiedad de Yépez Cigarroa. De acuerdo con la investigación, los videos muestran a López Olivera llegando al lugar el 7 de septiembre de 2025, pero no registran su salida.
Las grabaciones también habrían captado a Sandra Romo Díaz trasladando lo que se cree que eran dos bidones de gasolina.
La familia de López Olivera tuvo que esperar seis meses después del asesinato para realizar el funeral. La ceremonia se celebró el pasado 16 de marzo en una funeraria del este de Los Ángeles.
El 7 de abril, la Fiscalía presentó formalmente cargos de homicidio contra Yépez Cigarroa, Romo Díaz y Funes Villafranca. Sin embargo, al ejecutar las órdenes de captura, el LAPD descubrió que autoridades migratorias ya habían intervenido en los casos de dos de los sospechosos.
Funes Villafranca, originario de Honduras, había sido detenido pocos días después del crimen debido a una orden de deportación emitida en agosto de 2024. Posteriormente aceptó salir voluntariamente de Estados Unidos el 21 de septiembre de 2025.
Las autoridades creen que actualmente se encuentra oculto en Honduras, por lo que su arresto y extradición permanecen pendientes.
Mientras tanto, Yépez Cigarroa estaba a punto de ser deportada a México. Las autoridades federales determinaron que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos el 8 de febrero de 2025.
El LAPD la localizó en un centro de detención migratoria en Watonga, Oklahoma, y solicitó que fuera transferida a su custodia para enfrentar el proceso penal en California.
La tercera acusada, Sandra Romo Díaz, fue detenida posteriormente por la policía de Los Ángeles. Un juez fijó una fianza de dos millones de dólares para cada una de las dos mujeres.
Los abogados de ambas acusadas rechazaron la versión de la Fiscalía. Justin Rodríguez, defensor de Yépez Cigarroa, sostuvo que su clienta no participó en el asesinato.
“No es la persona responsable de esta tragedia. Es una acusación infundada. Están equivocados”, declaró.
Matthew Barhoma, abogado de Romo Díaz, también cuestionó las acusaciones y afirmó que las pruebas demostrarán que la participación de su clienta no ocurrió como ha sido planteada por la Fiscalía.
La siguiente audiencia del caso está programada para el 22 de julio.
