- Se tendrá un 2025 marcado por tensiones y reformas
La elección de jueces, magistrados y ministros para el 2025 se perfila como un evento trascendental en el panorama político y jurídico de México. Este proceso ha generado amplios debates sobre la independencia del Poder Judicial, la legitimidad democrática y el futuro del sistema de justicia en el país.
Integralia, una destacada consultora en análisis político y legislativo, presentó un informe detallado sobre los progresos y las preocupaciones que rodean este inédito proceso.
Un total de 49,398 aspirantes se inscribieron para participar en la elección extraordinaria, una cifra que marca un hito en el sistema judicial mexicano. Sin embargo, la distribución de solicitudes entre los comités de evaluación ha despertado suspicacias:
Poder Legislativo: Recibió el 54.9% de las solicitudes.
Poder Ejecutivo: Capturó el 37.4%.
Poder Judicial: Apenas logró menos del 10%.
Según el informe de Integralia, esta disparidad podría atribuirse a varios factores:
Dudas sobre la autenticidad de aspirantes: No se descarta que algunos perfiles sean ficticios o que varias inscripciones solo busquen cumplir con requisitos mínimos para legitimar el proceso.
Frecuentes ataques al Poder Judicial: Los aspirantes parecen preferir los poderes Legislativo y Ejecutivo, dominados por Morena y sus aliados, ante la percepción de mayor viabilidad política y menores exigencias técnicas.
Requisitos más estrictos del Poder Judicial: Mientras el Judicial prioriza experiencia y conocimientos técnicos, los otros poderes aplican criterios más subjetivos, lo que facilita inscripciones con menor preparación.
Cartografía y logística: un desafío para el INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una nueva cartografía judicial-electoral, debido a que la geografía electoral no coincide con la judicial. Este ajuste incluye la emisión de seis boletas electorales para cada votante, que deberá seleccionar candidatos en distintos niveles del sistema judicial.
Sin embargo, persisten dudas críticas:
Emisión y conteo de votos: Las boletas deberán ser diferenciadas por nivel y origen de respaldo político, lo que podría complicar el escrutinio.
Distribución de cargos: No hay claridad sobre cómo se asignarán los puestos, especialmente en casos de empate o bajas votaciones.
Cambios normativos aprobados por el Congreso
El Congreso de la Unión aprobó tres iniciativas presidenciales clave para la implementación de la reforma:
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley de Carrera Judicial
Sin embargo, estas reformas no abordan de manera integral los riesgos señalados por expertos, como la politización del Poder Judicial o la falta de claridad en los criterios de evaluación y elección.
Avances a nivel local
Cuatro estados han tomado la delantera en la implementación de la reforma y tendrán elecciones de jueces locales en 2025:
Michoacán
Tamaulipas
Tlaxcala
Durango
Estos procesos locales serán un laboratorio para medir el impacto de la reforma a nivel federal, aunque también podrían revelar inconsistencias o deficiencias que deberán corregirse antes de la elección nacional.
Perspectivas y retos hacia 2025
A menos de un año de las elecciones, la reforma judicial enfrenta un panorama polarizado. Para sus promotores, democratizar el Poder Judicial es un paso necesario para acercar la justicia a los ciudadanos. Sin embargo, críticos advierten que el proceso podría comprometer la imparcialidad y profesionalismo del sistema judicial, especialmente si los criterios políticos prevalecen sobre los técnicos.
El próximo año será decisivo para evaluar si México está preparado para un cambio de esta magnitud. Más allá de las cifras y reformas, lo que está en juego es la confianza en un sistema que debe garantizar justicia para todos, sin importar el color político ni las circunstancias personales
Una reforma que cambia las reglas del juego
Cabe recordar que en noviembre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó una reforma impulsada por Morena que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Según el dictamen, los ciudadanos elegirán directamente a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a magistrados de tribunales colegiados y unitarios, rompiendo con el tradicional esquema de designación por parte del Ejecutivo y el Senado.
El argumento oficial detrás de esta reforma es acercar el Poder Judicial a la ciudadanía y garantizar que sus integrantes respondan a los intereses del pueblo. “Es un paso hacia la democratización del país. Los jueces y ministros deben ser elegidos por quienes más los necesitan: los ciudadanos”, afirmó la senadora María Guadalupe Lozano, una de las principales promotoras de la iniciativa.
Sin embargo, la oposición y especialistas han cuestionado esta medida, advirtiendo que podría politizar al máximo tribunal del país y comprometer su autonomía.
Críticas y riesgos
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha expresado su preocupación sobre los efectos de esta reforma. “La elección popular introduce el riesgo de que las decisiones judiciales estén influenciadas por intereses políticos o por las demandas inmediatas de los votantes, lo que podría socavar la imparcialidad y la justicia”, señaló el magistrado Javier Aguilar, portavoz del CJF.
Además, el proceso plantea interrogantes logísticas y éticas:
- Campañas y financiamiento: ¿Cómo garantizar que los aspirantes a jueces y ministros no sean financiados por intereses privados o políticos?
- Criterios de evaluación: ¿Cómo se informará al electorado sobre la preparación técnica y trayectoria de los candidatos?
- Judicialización de las elecciones: ¿Qué pasará si los resultados son impugnados?
El abogado constitucionalista Diego Carranza advierte: “El riesgo no solo es la politización, sino también la posibilidad de que los jueces estén sometidos a los mismos vicios que otros actores políticos: corrupción, manipulación mediática y dependencia de grupos de poder”.
El impacto en el proceso judicial
Para 2025, los candidatos a magistrados y ministros deberán presentar plataformas de campaña, en las que incluirán sus posturas sobre temas como el acceso a la justicia, derechos humanos y combate a la corrupción. Este enfoque obliga a los aspirantes a definirse públicamente sobre asuntos que podrían resolver desde el tribunal, lo cual contradice el principio de neutralidad judicial.
“Un juez no debe ser un político ni un promotor de ideologías. Su labor es interpretar y aplicar la ley de manera justa e imparcial. Pero con este nuevo esquema, se corre el riesgo de que se conviertan en figuras partidistas”, explicó el jurista Carmen Reyes.
El impacto en la ciudadanía
Para muchos ciudadanos, esta reforma representa una oportunidad para ser escuchados y participar activamente en la elección de quienes dirigen el sistema de justicia. “Es una forma de quitarle el poder a las élites y devolverlo al pueblo. Estamos hartos de jueces que solo protegen a los ricos”, dijo Ernesto Ramírez, activista en defensa de derechos humanos.
Sin embargo, otros temen que esta medida sea una cortina de humo para desmantelar el sistema de justicia tal como lo conocemos. “Esta no es una solución. Es un pretexto para controlar el Poder Judicial y debilitarlo aún más”, opinó María Contreras, profesora de derecho en la UNAM.