La organización Ciudadanos Observando dio a conocer que durante junio de 2026 diez dependencias, organismos y poderes públicos de San Luis Potosí recibieron en conjunto 343 millones 273 mil 577 pesos para el pago de nómina, de acuerdo con los egresos publicados por la Secretaría de Finanzas en la Plataforma Estatal de Transparencia. Sin embargo, al comparar esos montos con la información difundida por algunas de las propias instituciones, detectó diferencias que, aseguró, generan dudas sobre la claridad de los datos.
Según el análisis, la Fiscalía General del Estado fue la institución que recibió la mayor cantidad de recursos para el pago de sueldos, con 108.4 millones de pesos, seguida del Poder Judicial, con 96 millones. Entre ambas concentraron más de 204 millones de pesos, equivalentes a casi el 60 por ciento del total asignado a las diez dependencias con mayores recursos destinados a nómina.
La lista también incluye al Colegio de Bachilleres, el Congreso del Estado, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el Sistema DIF Estatal, el Centro Estatal Tangamanga, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), la Junta Estatal de Caminos (JEC) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
Ciudadanos Observando señaló que, al revisar la información publicada por algunos organismos, como el Congreso del Estado y el IFSE, encontró que las cifras reportadas sobre gasto en nómina o remuneraciones no coinciden con los recursos que la Secretaría de Finanzas informó haberles transferido para ese mismo concepto.
La organización recordó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado obliga a las instituciones públicas a informar de manera clara los sueldos, prestaciones, bonos, compensaciones, gratificaciones y cualquier otro ingreso que reciban las personas servidoras públicas.
Ante estas diferencias, Ciudadanos Observando cuestionó si las instituciones están reportando la totalidad de los recursos destinados al pago de personal o únicamente una parte de ellos. Asimismo, consideró que las autoridades deben aclarar las discrepancias detectadas, al tratarse de más de 343 millones de pesos de recursos públicos ejercidos en un solo mes, con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
