El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rompió con el Estado de Derecho al decidir participar en la reforma judicial, cuya implementación pone en riesgo la legitimidad democrática del Gobierno de Claudia Sheinbaum y genera una crisis constitucional, acusó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
Por cuatro votos contra tres, ayer el CJF acordó no acatar las suspensiones que le impedían cumplir con obligaciones impuestas por la reforma, entre otras, entregar al Senado de la República los listados de jueces y magistrados federales, para lanzar la convocatoria de la elección de impartidores de justicia de 2025.
El organismo que preside la juez federal Juana Fuentes Velázquez expresó su rechazo a esta decisión y acusó a la Judicatura de vulnerar el orden jurídico, por el desacato de las suspensiones de amparo que le impedían cumplir con los dictados de la reforma, lo que constituye también una violación al principio de división de Poderes.
«Quienes integramos esta Asociación, señalamos que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la División de Poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México», expuso la asociación civil.
«La implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al generar una crisis constitucional. Por ello, hacemos un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la División de Poderes y la legalidad. La independencia y estabilidad del Poder Judicial son esenciales para la salud democrática de nuestro país y cualquier intento de socavarlas debe ser firmemente rechazado».
El organismo, que representa a más de mil 300 de los mil 700 juzgadores federales, cuestionó que el CJF pasara por alto las suspensiones de amparo, porque el respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en las instituciones.
«LA JUFED expresa su enérgico rechazo a la determinación tomada por el CJF, de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación, sin establecer un diálogo con las personas juzgadoras directamente involucradas, lo cual vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige nuestro país», expuso.
Respecto a la implementación de la reforma, la JUFED expresó profunda preocupación ante la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una tómbola para seleccionar a jueces y magistrados federales que serán sustituidos en 2025.
«Consideramos que este mecanismo transgrede los derechos humanos de las personas juzgadoras, genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional. Esta medida representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los Poderes del Estado, violando toda técnica legislativa y constitucional, y sienta un precedente peligroso para la independencia judicial», afirmó.
