El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha sido un actor clave en la lucha contra la corrupción y en la modernización de los procesos de auditoría en San Luis Potosí. En entrevista para “Ingrata Noticia” Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto, aborda los cambios, avances y retos en la fiscalización estatal.
¿Cuál es el objetivo del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE)? Ha habido una serie de cambios y objetivos, ¿cuál es la meta que tienes como titular del Instituto?
El Instituto de Fiscalización surge a raíz de una nueva reforma propuesta por la legislatura con el fin de cambiar el paradigma de lo que era la Auditoría Superior del Estado, la cual se había visto envuelta en diversos escándalos que hicieron que la auditoría perdiera la confianza ciudadana. Se trata, entonces, de cambiar esta percepción y consolidar un Instituto renovado, con un nuevo titular que enarbole la lucha anticorrupción, uno de los principales problemas no solo del estado, sino del país.
Para lograr este objetivo, la modernización del Instituto es clave. Actualmente, la fiscalización sigue realizándose de manera tradicional: los auditores revisan documentos en físico y se trasladan a los diferentes municipios de la entidad potosina. Este proceso es lento, tedioso y engorroso, cuando en realidad debería ser más dinámico y eficiente.
Uno de los trabajos más recientes es la revisión de la cuenta pública del 2023. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos hasta el momento?
Estamos muy contentos porque, a raíz de la revisión y del trabajo de auditoría que hemos realizado en la cuenta pública 2023, se logró detectar y recuperar de forma inmediata 14 millones de pesos. Este es un resultado significativo, ya que ni siquiera fue necesario sancionar ni exhortar a nadie. Durante la auditoría, fuimos identificando irregularidades, y los propios entes auditables, ya sea por temor o porque no habían notado que los contratistas no cumplieron correctamente con su trabajo, exigieron la devolución del dinero, lo cual se logró únicamente con la revisión.
Ahora estamos en la segunda etapa, en la que detectamos observaciones más detalladas y establecemos comunicación directa entre el Instituto y los entes auditables. En esta fase, nos enfocamos en revisar con precisión cada caso y, sobre todo, en sancionar a quienes no hayan cumplido con la ley.
¿Cuántos entes han logrado cumplir y cuántas irregularidades han detectado hasta el momento?
Hasta ahora, hemos auditado cerca de 120 entes en auditorías financieras y realizamos más de 200 auditorías, tanto financieras como de cumplimiento.
Como auditores, podemos distinguir cuándo las irregularidades se deben a desconocimiento y cuándo se cometen con dolo. Es fundamental identificar esto desde el principio.
¿Cuáles son las principales observaciones que han encontrado?
Principalmente, la falta de evidencia, tanto física como documental. En muchos casos, no nos proporcionan información concreta sobre en qué se está gastando el dinero. El problema más grave surge cuando se niegan a entregarnos pruebas de que realmente realizaron un trabajo, brindaron un servicio o contrataron algo en beneficio de la población.
¿Cuáles han sido los casos más recurrentes?
Hemos detectado las mismas anomalías en las cuatro regiones del estado, pero los casos más importantes se encuentran principalmente en la zona huasteca, algunos casos importantes en la zona centro y en el altiplano.
Uno de los problemas más frecuentes está relacionado con los apoyos sociales. Durante la revisión de los beneficiarios, hemos encontrado casos de beneficiarios duplicados, identificaciones del INE falsas o incluso la inexistencia de los supuestos beneficiarios. Una parte considerable del dinero destinado a estos programas se desvía debido a estas irregularidades.
¿Cuáles son los criterios que aplica el Instituto para emitir las observaciones? Se cuestiona mucho la forma en que se realizan.
Nos basamos principalmente en las normas generales de auditoría, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como en el cumplimiento de la contratación de deuda, conforme a lo que establece la Ley de Deuda y la Ley de Obra Pública. Es fundamental que todas las contrataciones se realicen de acuerdo con la normatividad vigente.
Hemos detectado que muchos municipios están contratando sin realizar licitaciones, a pesar de que la ley establece claramente que, a partir de cierto monto, las contrataciones no pueden hacerse de forma directa, sino que deben someterse a licitación pública.
En estos casos, no hay justificación válida, ya que la ley es muy clara: el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Por ello, estamos actuando con firmeza y, en algunos casos, ya hemos presentado denuncias penales por este tipo de irregularidades.
¿Cómo garantizar que haya imparcialidad y que todo el proceso se realice con profesionalismo? Finalmente, el Instituto siempre es cuestionado y se le relaciona con temas políticos. ¿Qué hacer?
Afortunadamente, en el Instituto tenemos una efectividad en juicios de más del 90%. Es decir, las observaciones que detectamos y llevamos ante el tribunal —porque todos tienen su garantía de audiencia y pueden presentar recursos o demandas— han sido sostenidas en tribunales en más del 90% de los casos.
Quienes cuestionan al Instituto alegando favoritismos, hasta el momento, no han presentado una sola prueba ni han demostrado que alguna de nuestras observaciones haya sido incorrecta. Por el contrario, las quejas provienen principalmente de aquellos que han sido evidenciados, observados y que no han podido justificar las anomalías cometidas en perjuicio del erario público del estado.
¿Y qué sucede con los entes que se quejan constantemente o que, en algunas ocasiones, no logran solventar las observaciones?
Tenemos un proceso claro. En primer lugar, actuamos con responsabilidad para evitar que algunos delitos prescriban, por lo que presentamos las denuncias de forma inmediata. Esto permite que la fiscalía inicie, en paralelo, la persecución de un delito o de un hecho con apariencia de delito, lo que puede derivar en una responsabilidad penal.
Por otro lado, trabajamos en agilizar la responsabilidad administrativa, que es nuestra competencia, llevando la mayor cantidad posible de denuncias y expedientes ante los tribunales de justicia administrativa. Esto puede resultar en inhabilitaciones o sanciones pecuniarias para los funcionarios que hayan desviado recursos o cometido actos de corrupción.
¿Desde tu punto de vista, consideras que es necesario seguir fortaleciendo la parte legislativa para mejorar el trabajo del instituto?
Totalmente. Fíjate que estamos en un dinamismo no solo en nuestras leyes, sino también en la manera en que las autoridades y los particulares encuentran nuevas formas de evadirlas. Por ello, debemos estar un paso adelante, es decir, no dejar ningún resquicio legal que impida sancionar cada una de las conductas de los funcionarios públicos que intenten eludir la ley.
Partiendo, una vez más, del tema central, que es la revisión de las cuentas públicas de 2023, ¿cuáles son los plazos para concluir el proceso de auditoría y qué pasará si no se solventan las observaciones?
Durante los primeros días de diciembre se entregaron todas las notificaciones con los resultados finales de la auditoría. El 30 de diciembre se remitieron al Congreso del Estado los informes finales. Hubo una calificación que ya fue aprobada por el Congreso, la cual avaló el trabajo del Instituto de Fiscalización.
Nosotros tenemos un plazo de 60 días para resolver las solventaciones que los entes auditados nos presentan. Actualmente, seguimos dentro de ese período correspondiente a la cuenta pública 2023. Además, ya estamos por iniciar con la entrega de la cuenta pública 2024, cuyo plazo vence el 28 de febrero, es decir, el último día de ese mes, para que todos los sujetos auditables presentados su cuenta pública. No presentarla incluso puede constituir un delito.
¿Se configura un delito si no se cumple con la entrega de información? ¿Qué pasará con estos casos?
Así es. Afortunadamente, en los últimos cinco años, todas las autoridades han cumplido con este requisito. Sin embargo, en algunos casos, posteriormente se niegan a entregarnos la información necesaria para solventar la cuenta pública, como el caso que te mencionaba.
Por lo menos, todas cumplen con la obligación de presentar su cuenta pública, dada la importancia que esto implica. Además de que su incumplimiento constituye un delito, también conlleva una responsabilidad administrativa, que puede derivar en inhabilitación o en una multa considerable.
¿Para concluir, cuál es la importancia de transparentar el gasto, el trabajo que está realizando el instituto y el llamado qué harías a los entes auditables?
Efectivamente, la ciudadanía está interesada en que todos los entes públicos transparenten sus recursos y el manejo del dinero. Como instituto, también es fundamental transparentar la auditoría
Por ello, hemos puesto un gran énfasis en salir a los medios de comunicación e informar en qué etapa del proceso de fiscalización nos encontramos y cuáles son los resultados obtenidos. Ya no existen auditorías a puerta cerrada; al contrario, ahora se informa todo para evitar que, en el futuro, alguien pueda decir: «No sabíamos que tal funcionario había robado tanto dinero y nunca se nos dijo nada».
