El transporte de personal en San Luis Potosí ha crecido y se ha diversificado en los últimos años, aunque la regulación del servicio aún enfrenta rezagos y trámites pendientes.
Según datos de 2022 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, había identificados 335 autobuses y 82 camionetas dedicados al traslado de trabajadores. Sin embargo, solo 164 autobuses y 55 camionetas estaban empadronados ante la dependencia estatal.
Convenio tras accidentes y ampliación del padrón
Después de diversos accidentes registrados en 2024 y 2025, la SCT firmó un convenio con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI). Las empresas se comprometieron a contratar únicamente transporte con permiso estatal, con el fin de ampliar el padrón certificado.
La medida busca garantizar que los operadores cuenten con certificación, capacitación constante y evaluaciones periódicas. También se planteó establecer tarifas máximas y mínimas para evitar competencia desleal, particularmente de empresas foráneas.
Al cierre de 2025, unas 200 empresas se acercaron a tramitar permisos ante la SCT. No obstante, la dependencia señaló que la mayoría no cumplía con los requisitos y debió hacer adecuaciones para obtener el registro.
Vacíos legales y uso de placas federales
Joel Vega, empresario del sector con 23 años de experiencia, señaló que durante años el transporte de personal operó en un vacío regulatorio, ya que no estaba contemplado claramente ni por autoridades federales ni estatales.
Muchas empresas utilizaron placas federales de turismo bajo el argumento de trasladar personas “del punto A al punto B”, o concesiones de transporte urbano. Aunque ahora existen permisos estatales, algunos empresarios aseguran que los trámites se han retrasado y que el documento no siempre se entrega en tiempo.
Requisitos y monitoreo
Para obtener permiso federal, las unidades deben pasar revista mecánica, contar con seguro vigente y cobertura de responsabilidad civil tanto para daños a terceros como para pasajeros.
Las empresas establecen filtros para contratar operadores, que incluyen revisión de antecedentes, exámenes antidoping semestrales y verificación de historial. Algunas incluso consultan instituciones especializadas para descartar problemas de adicciones.
El monitoreo satelital en tiempo real es común. Las empresas fijan límites de velocidad y reciben alertas automáticas ante excesos. Las sanciones pueden aplicarse por reincidencia, accidentes, fallas mecánicas sin respaldo o incumplimiento de protocolos.
Mercado y tarifas
En el estado operan compañías locales y foráneas. Se estima que el 60% del parque vehicular pertenece a empresas potosinas y el 40% a compañías externas, que suelen tener mayor capacidad de negociación por volumen.
El servicio se cobra por kilómetro y las tarifas oscilan entre 15 y 50 pesos, según el tipo de unidad. Algunas rutas llegan a estados vecinos como Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, lo que incrementa costos por distancia y necesidad de más operadores.
El sector también se ha diversificado hacia servicios ejecutivos con unidades equipadas para traslados al aeropuerto o centros de trabajo bajo contrato.
Pese al crecimiento del servicio, autoridades y empresarios coinciden en que la regulación y la supervisión siguen siendo retos pendientes para garantizar seguridad y condiciones equitativas en el mercado.
