El gobernador Ricardo Gallardo Cardona respaldó la exigencia de los familiares de las víctimas del caso Rich para acelerar las investigaciones y sancionar a los servidores públicos que hayan incurrido en omisiones relacionadas con la tragedia ocurrida en junio de 2024.
Luego de que Rodrigo Espinoza, padre de Roy, uno de los jóvenes fallecidos, acusó que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de San Luis Potosí han prolongado los procedimientos administrativos por responsabilidad de servidores públicos, el mandatario estatal aseguró que su administración está del lado de las familias afectadas.
“Nosotros estamos con el padre de familia. Vamos a exigir, no a pedir, a exigirle a la Fiscalía que ya resuelva, que mande a llamar a los involucrados tanto del municipio como del estado, finque responsabilidades y los lleve ante la ley”, declaró.
Gallardo Cardona sostuvo que es momento de que las autoridades ministeriales concluyan las investigaciones y procedan legalmente contra quienes hayan incurrido en irregularidades relacionadas con la tragedia.
El gobernador consideró que existe una demanda legítima de justicia por parte de las víctimas y sus familias, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado avanzar en el deslinde de responsabilidades.
Las declaraciones se producen después de que Rodrigo Espinoza denunció que los procedimientos administrativos relacionados con el caso permanecen detenidos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
El padre de Roy señaló que algunas demandas se encuentran en salas unitarias y otras esperan la resolución de recursos pendientes en la Sala Superior. Además, acusó que la demora ha impedido avanzar en la reparación del daño.
En el ámbito penal, únicamente tres representantes de las víctimas mantienen activo el proceso, mientras que los siete restantes celebraron acuerdos reparatorios. El inicio del juicio oral también permanece suspendido mientras se resuelve un amparo pendiente.
Ante este escenario, Gallardo Cardona exigió que la Fiscalía llame a los servidores públicos involucrados, tanto del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento de San Luis Potosí, determine las posibles responsabilidades y lleve ante la justicia a quienes resulten responsables.
