Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron este martes al Estado mexicano por el contenido de la reforma al Poder Judicial expresando su preocupación sobre si la reforma terminará garantizando efectivamente la independencia judicial en el País.
En una audiencia ante el órgano autónomo la Organización de Estados Americanos (OEA), jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial mexicano expusieron las afectaciones que la reforma judicial puede tener para el acceso a la justicia, a lo que miembros de la CIDH respondieron con preocupación.
«Parece que hay consenso en que es necesario reformar el sistema de justicia, no sólo el Poder Judicial. Pero este proceso de reforma debe fortalecer la independencia, la imparcialidad y la eficacia», cuestiónó Roberta Clarke, comisionada presidenta de la CIDH, durante la audiencia ocurrida en Washington, DC.
«La pregunta es: ¿Este proceso de reforma en particular (en México) nos lleva a ese objetivo? ¿Nos lleva a una mayor independencia, imparcialidad y eficacia?, preguntó la comisionada presidenta de la CIDH.
En específico, los grupos peticionarios de la audiencia pública ante la CIDH -y que incluyeron a diversos grupos de juzgadores federales así como a organizaciones de la sociedad civil mexicana- hicieron énfasis en el peligro del proceso de elección popular de jueces y magistrados federales presente en la reforma.
«El verdadero riesgo del que todos hablan aquí es que las personas que sean electasen un proceso electoral sean susceptibles a la influencia indebida… de quienes tienen dinero, de las clases adineradas, las élites, así como las personas que pertenecen al sector del crimen organizado», dijo la presidenta Clarke.
Previamente en septiembre, la CIDH ya había expresado en su conjunto su «grave preocupación» por la aprobación de la reforma judicial en el Congreso mexicano y exhortando al Estado a garantizar un diálogo real entre los sectores interesados así como a aplicar los estándares interamericanos sobre justicia.
«La Comisión Interamericana está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial. Por supuesto, sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano», dijo Andrea Pochak, miembro de la CIDH y relatora para México durante la audiencia celebrada en la sede de la comisión.
Este martes, el Estado mexicano estuvo representado por la Embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, así como por José Antonio Montero Solano, director de estudios constitucionales de la consejería jurídica de la Presidencia de la República, quienes defendieron la legitimidad de la reforma judicial.
Desde agosto, más de mil juzgadores federales mexicanos habían ya denunciado ante la CIDH la entonces iniciativa de reforma al Poder Judicial solicitándole intervenir con diversas acciones incluyendo una visita in situ a México para verificar la implementación de la reforma así como solicitarle al Estado información.
Desde 1981, México ratificó la Carta Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) pero sólo fue hasta 1998 cuanto aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el otro órgano que junto a la CIDH compone el sistema interamericano de derechos humanos.
