Cuatro estados liderados por demócratas instarán el jueves a un juez federal en Seattle a que bloquee la aplicación por parte de la Administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, del decreto que recorta el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos.
El juez superior de distrito John Coughenour tiene previsto escuchar los argumentos sobre una solicitud de los fiscales generales estatales demócratas de Washington, Arizona, Illinois y Oregón para una orden de restricción temporal que impediría al Gobierno aplicar un componente clave de su represión de la migración.
Esa orden ejecutiva, que Trump firmó el lunes después de asumir el cargo, ordena a las agencias que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en el país si ni su madre ni su padre son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
La orden ejecutiva ya ha sido objeto de cinco demandas, en las que grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados la califican de flagrantemente inconstitucional.
La Casa Blanca no respondió a las peticiones de comentarios.
Entre las demandas se encuentra la presentada en Seattle, que es la que ha avanzado con más rapidez de las cinco. Ha sido asignado a Coughenour, nombrado por el ex Presidente republicano Ronald Reagan.
En ausencia de intervención judicial, los niños nacidos después del 19 de febrero cuyas madres o padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales serían deportados y se les impediría obtener números de la Seguridad Social, diversas prestaciones públicas y la posibilidad de trabajar legalmente a medida que crecen.
Los estados querellantes argumentan que a más de 150 mil niños recién nacidos se les negaría la ciudadanía anualmente si se permite que la orden se mantenga.
Asimismo, se asegura que el decreto viola el derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es considerada ciudadana.
