A unas horas de que el Senado entregue al INE la lista definitiva de candidatos de la elección judicial, el Tribunal Electoral desechó por mayoría de votos todas las impugnaciones contra la conformación del listado.
Incluso, de quienes salieron sorteados pero fueron excluidos sin explicación, con el argumento de que ya no existen los comités responsables, por lo que la falla ya no se podría reparar, y que la labor del Tribunal es garantizar que se cumplan los plazos fijados para la elección.
Entre los reclamos que se desecharon estuvo el de César Salgado Alpízar, quien se postuló para Magistrado Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito con sede en Guerrero, pero el Senado lo apuntó para Magistrado de Tribunal Colegiado en materia Administrativa y del Trabajo, el cual no estará a votación.
O el de un aspirante que, según la magistrada Jeanine Otálora, pasó a la tómbola del Senado, salió su nombre, pero no apareció en el listado final.
Los magistrados Janine M. Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón insistieron en que se analizaran a fondo los casos que fueran reparables, pero Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, quienes fueron apoyados con el voto de la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, respondieron que los comités de selección ya no existen, por lo que no se podrían corregir las listas, además de que se debería de garantizar la seguridad jurídica de la elección del 1 de junio.
«No es posible que el proceso se estanque o se detenga en una de las etapas o que constantemente se ordene su repetición. Por eso existe el principio de definitividad que se encuentra en la propia Constitución. Estamos ante una etapa concluida, la insaculación ya se llevó a cabo, ¿se puede repetir la insaculación? No, la insaculación es un acto consumado irreversible», agregó sobre la entrega definitiva de las listas, cuyo plazo vence esta noche.
«Lo que hoy defendemos es la seguridad jurídica del proceso electoral extraordinario de selección, jueces, magistrados y Ministros. Habrá elección, porque eso se encuentra en la Constitución, la insaculación ha concluido y no podemos alterar sus resultados sin con ello abrir espacio a la incertidumbre», agregó.
«No puede regresarse a una etapa previa. Por tanto, les asista o no la razón, no puede repararse en sede jurisdiccional. Los comités de evaluación, al haber desaparecido, pues tampoco podemos volverles a dar vida jurídica si la propia Constitución y la ley prevén su desaparición», dijo por su parte Fuentes Barrera.
Otálora y Rodríguez insistieron en que, justamente, la certeza jurídica de la elección se podría fortalecer con la discusión a fondo de las demandas.
«Confirmar que los procedimientos se llevan a cabo cumpliendo las reglas, los tiempos y los requisitos, abona a la legitimidad del proceso. Desechar, digamos, no da una respuesta en ese sentido», sostuvo Reyes Rodríguez, quien fue interpelado por la presidenta del Tribunal.
-¿Usted sostiene que desechar es deslegitimar?, planteó Soto.
«No», respondió él.
En la sesión de la Sala Superior estaban enlistados más de 150 asuntos relacionados con la elección judicial, y Otálora insistió en ir a fondo ya que las modificaciones a la lista que ella planteó en sus proyectos correspondían a criterios jurídicos y no políticos.
«Los proyectos que he sometido la semana pasada y esta semana es porque corresponden a criterios jurídicos míos, no en base a lo que políticamente sería correcto, sino lo que yo estimo jurídicamente correcto», dijo.
