A través de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que llegó ayer al Senado, el Gobierno federal busca tomar el control del sector, acusaron legisladores de Oposición.
De acuerdo con la propuesta de ley, las facultades de la nueva Agencia de Transformación Digital contemplan desde el otorgamiento de concesiones hasta la supervisión de contenidos y la capacidad de limitar los espacios publicitarios.
La iniciativa busca concentrar en la Agencia de Transformación Digital, que encabeza José «Pepe» Merino, facultades que tenía el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.
Según las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en el Senado, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) provocará competencia desleal, distorsiones económicas y centralizará funciones en la nueva Agencia de Transformación Digital, en perjuicio de la libertad de expresión y el desarrollo digital.
«La Agencia deberá emitir lineamientos para los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos para que los Códigos de Ética aseguren el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos, en términos de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución», se lee en el documento.
La propuesta de ley incorpora además un esquema de sanciones y plantea un «prudente equilibrio» entre publicidad y programación transmitida por día, incorporando máximos de tiempos publicitarios.
Sobre los candados para impedir la difusión de propaganda extranjera, incorpora un par de artículos para que los concesionarios de radiodifusión pidan permiso a la Segob antes de que transmitan spots de Gobiernos extranjeros.
La bancada del PAN en el Senado advirtió una «subordinación al Ejecutivo federal» de la Agencia de Transformación, y destacó que si antes el IFT otorgaba y regulaba concesiones, ahora será la Agencia la que controlará y revocará dichos permisos. «Existe un riesgo de concentración sin contrapesos», indicó.
Para Movimiento Ciudadano, el cambio más significativo es la eliminación de la autonomía del IFT.
«La concentración de funciones regulatorias en el Ejecutivo rompe con los principios de imparcialidad, competencia técnica y control del poder. También se observan riesgos en la asignación directa del espectro y en la falta de garantías para la neutralidad de la red y la defensa de audiencias.
«La legislación representa un giro hacia un modelo centralista y de control político sobre sectores clave para la libertad de expresión y desarrollo digital», destacó el partido naranja.
La bancada del PRI alertó que la 4T abre la posibilidad de que cualquier dependencia del Gobierno tenga una concesión para vender servicios de internet y telefonía al público en general.
