Madres cuidadoras en San Luis Potosí denunciaron la suspensión irregular de apoyos gubernamentales destinados a familias de personas con discapacidad, luego de que sus familiares aparecieran presuntamente registrados como fallecidos ante autoridades estatales, pese a que continúan con vida.
Las afectadas atribuyen esta situación a posibles represalias derivadas de conflictos internos con el colectivo Cuidadoras Potosinas, encabezado por Mariana Hernández Noriega.
De acuerdo con los testimonios, al menos una decena de beneficiarias fueron dadas de baja de un programa estatal después de cuestionar decisiones al interior de la organización. Al investigar las causas de la suspensión, descubrieron que en registros oficiales aparecía información relacionada con el supuesto fallecimiento de sus familiares.
Tras realizar diversas gestiones ante dependencias gubernamentales, las madres lograron recuperar los apoyos, aunque señalaron que el episodio evidenció posibles irregularidades en el manejo de padrones y programas sociales.
Las denunciantes, que solicitaron mantener el anonimato, también acusaron una presunta dinámica de control dentro del colectivo. Aseguraron que quienes cuestionaban decisiones de la dirigencia o rechazaban participar en ciertas actividades eran expulsadas de grupos de comunicación y excluidas de gestiones y apoyos.
Entre los señalamientos también figuran supuestas solicitudes constantes de dinero para distintos fines, como cooperaciones para útiles escolares, apoyos económicos para personas cercanas a la dirigencia y cobros de hasta 500 pesos por trámites relacionados con certificados de discapacidad.
Asimismo, denunciaron haber sido convocadas a actividades ajenas a la labor de acompañamiento del colectivo, incluidas movilizaciones vinculadas con temas políticos y conflictos laborales de la propia dirigente, bajo advertencias de posibles consecuencias sobre apoyos o beneficios.
Estas diferencias, señalaron, derivaron en la conformación de una nueva agrupación denominada Reconstruyendo Vidas, desde donde continúan gestionando apoyos para madres cuidadoras y familias de personas con discapacidad.
Finalmente, solicitaron la intervención de las autoridades para investigar las acusaciones y revisar la operación de los programas sociales dirigidos a este sector, al advertir que ningún beneficio público debería condicionarse a la pertenencia a un colectivo o a la relación con sus dirigentes.
