El Gobierno de México enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que busca homologar en todo el país la definición de este delito, las penas aplicables y los protocolos para su investigación.
Luisa María Alcalde explicó que la iniciativa establece que comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género. Para determinar esta circunstancia, la propuesta contempla 10 razones de género, entre ellas la existencia de signos de violencia sexual, que el delito haya sido motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder.
La propuesta también plantea homologar las sanciones en las 32 entidades del país, con una pena de entre 50 y 70 años de prisión. Además, establece 19 circunstancias agravantes que permitirían aumentar la condena.
Entre estas se encuentran los casos en los que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor; esté embarazada o viva con alguna discapacidad; sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; el delito sea cometido por una persona servidora pública, o se utilicen ácidos u otras sustancias para perpetrarlo.
La iniciativa contempla también la pérdida de derechos sucesorios, tutela, guarda y custodia y patria potestad para las personas responsables del delito. En el caso de servidores públicos, prevé su destitución e inhabilitación.
Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, señaló que la propuesta parte de la obligación de investigar los feminicidios con debida diligencia y establece la homologación de protocolos especializados que deberán aplicar todas las autoridades responsables de la procuración de justicia en el país.
Los protocolos deberán incorporar perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de los contextos de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
Además, la unidad o fiscalía especializada que inicie una investigación, así como el Ministerio Público responsable, deberá intervenir de manera continua durante todas las etapas del procedimiento penal, desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de las sanciones.
Por su parte, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, explicó que la iniciativa también contempla los derechos de las víctimas, entre ellos el acceso a la verdad y la justicia, así como atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas, particularmente niñas, niños y adolescentes.
La reparación integral del daño deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional. Asimismo, las entidades federativas tendrán la responsabilidad de atender el bienestar integral de las víctimas indirectas, con especial énfasis en las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio.
La iniciativa también establece la armonización del tipo penal en todo el país, la actualización de protocolos especializados, la implementación de campañas de concientización e información para prevenir el feminicidio y la creación de grupos técnicos de apoyo.
La propuesta deberá ser enviada al Congreso de la Unión para iniciar su proceso de discusión y, en su caso, aprobación.
